Los conductores de Uber pueden ser sujetos de derechos laborales



Dada la realidad de nuestra legislación nacional en materia del trabajo, es cuesta arriba referirnos a regulaciones específicas de formas modernas de trabajo producto de la “gig economy o de la on demand economy” puesto que la realidad es que, nos hemos quedado anquilosados en ese sentido, creando esto un descontrol sobre las relaciones laborales, produciendo una especie de limbo o zona gris como lo llaman los laboralistas a este tipo de escenarios donde la respuesta no es clara.


De manera que, dividiremos nuestro comentario en dos vertientes.


La primera, abordando la situación que existe actualmente con los servicios que se ofrecen mediante plataformas tecnológicas, entre ellas Uber. Y la segunda previendo lo que pudiera ser un posible precedente jurisprudencial ante la reclamación de alguien que ofrezca un servicio personal mediante una plataforma digital, como Uber, y sienta que debe de actuar en justicia en búsqueda del reconocimiento de unos “posibles” derechos laborales.


Para poder contextualizar nuestro comentario, es pertinente revisar nuestra historia, de una manera ligera, pero dejando asentado, cual ha sido nuestro proceder con el pasar de los años en materia del trabajo. Como es por muchos conocidos, el derecho del trabajo nace con la firma del tratado de Versalles, en el año 1919, donde también nace la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a los grandes reclamos que tenía el sector obrero, frente al sector capitalista.


Así las cosas, el capital cedió ante la mano de obra, con el objetivo de no tener mayores revueltas y poder vivir en armonía, después de ese gran desgaste, como lo fue la Primera Guerra Mundial. Es por esto por lo que muchos autores, denominan al derecho del trabajo, como un derecho de -conquista- o de compromiso, en el entendido de que se necesitó de una presión, o de una lucha, para la obtención del reconocimiento de ciertos derechos.


Esta situación se fue replicando alrededor del mundo, siendo el sector obrero el gran protagonista de estas conquistas. Sin embargo, en República Dominicana, no fue así. Salvo una protesta aislada protagonizada por Mauricio Báez, que entre los años del 1930-1961 se encontraba en el régimen dictatorial Rafael Leónidas Trujillo, no estaba en condiciones de hacerle frente a la tiranía, de ninguna manera, pues las consecuencias podrían ser desastrosas.


Pero Trujillo que era un avezado animal político sabía que su imagen internacional se había deteriorado, sobre todo en Europa, debido a que trabajadores europeos que venían a trabajar al país, específicamente a la zafra, comentaban la situación deplorable en las cuales se encontraban ellos y sus otros compañeros que trabajan ahí. Fueron por estas razones -políticas- y no otras que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico nuestro primer Código de Trabajo en el año 1951, que se llamó Código Trujillo de Trabajo.


Situación similar se vivió 40 años después con el doctor Balaguer, presidente a la sazón. Recibiendo por parte de la comunidad internación, especialmente de la OIT, fuertes críticas, sobre el funcionamiento de las regulaciones laborales en el país. Fue entonces cuando decidió nombrar una comisión, encabezada por los profesores Rafael Alburquerque, Milton Ray Guevara y el extinto Lupo Hernández Rueda (EPD).


Alguien pudiera preguntarse ¿a que viene este relato? Y la respuesta es muy sencilla, es importante entender la raigambre de nuestra legislación laboral en el país, para poder entender su evolución, estancamiento o su involución incluso. La clase obrera debidamente organizada en el país es muy pequeña, y aunque tengan grandes representantes como Pepe Abreu, lamentablemente no tienen la fuerza para promover avances en pro de una disposición normativa que regule las relaciones propias de nuestra actual economía.


Es más, la ultima propuesta formal para modificar el Código de Trabajo, la realizo el sector empleador en el año 2013 y, desafortunadamente, no se tocaron temas como el teletrabajo, la subordinación económica, la parasubordinación, la protección de los datos personales del trabajador, contratos especiales para determinados sectores, y muchos otros temas que desde nuestra óptica debieron ser abordados, al ser temas de actualidad.


Es por todo esto que el avance en términos de regulación de las nuevas economías en el ámbito del derecho del trabajo va a paso de tortuga, al punto tal que Convenios de la OIT tan importantes como el 177 propio del trabajo de este tiempo no han sido ratificados por el congreso.


Ahora bien, en cuanto a nuestro parecer sobre un posible criterio jurisprudencial a futuro en ocasión de una controversia con una plataforma digital de servicios, siendo una de las más utilizadas en el país Uber. El escenario no es alentador, por lo menos para los que creemos en la teoría expansionista del derecho del trabajo.


Esto lo decimos, porque en el año 2018 nuestra Suprema Corte de Justicia, a propósito de una reclamación incoada por un taxista en contra de una compañía de taxis emitió una decisión considerando que la relación entre el señor y la empresa de taxis no era una relación laboral (…) “siendo un contrato civil o de servicio profesional, ajeno a la naturaleza laboral por no estar sometido el recurrido a la subordinación jurídica que caracteriza el contrato de trabajo”, estableciendo en el mismo cuerpo de la sentencia que dicho señor realizaba un trabajo “ocasional” para la empresa de taxis, como si este fuera un eximente de responsabilidad laboral.


Entonces si un taxista, sujeto a la -dirección- en este caso de la empresa de taxis, mientras realizaba su labor, es considerado, como un prestador de servicio comercial o un profesional liberal, a pesar de que la dirección la recibía de una persona jurídica y física concomitantemente; ¿Qué nos espera, cuando el “empleador” sea una plataforma digital”? El escenario no es alentador reiteramos.


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