¿Qué sucede con el trabajador cuyo empleador pertenece a una red empresarial?

La Constitución Dominicana del año 2010 en su artículo 150 prevé la libertad de empresa; la misma Ley Sustantiva establece en el ámbito de la -libertad- que: 2“A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”. Entonces, dicho lo anterior, podemos decir, que, al no estar prohibida la creación de redes empresariales, sino todo lo contrario, estando estas amparadas bajo el paraguas constitucional; es la Carta Magna que de una manera abstracta sirve como soporte transversal para la materialización de las redes empresariales.


En República Dominicana la figura que si esta regulada, tanto por el Codigo de Trabajo, como por el Código de Tributario, es la del -conjunto económico-, que por definición es: 3“Una persona o empresa, o grupo de personas, estén o no domiciliadas en la República Dominicana, realicen su actividad a través de sociedades o empresas y las operaciones de unas y otras sean conexas y estén controladas o financiadas por aquéllas, la Administración Tributaria podrá considerar existente un conjunto económico”. Definición que dista, de lo que es una red empresarial, en el entendido de que el conjunto económico necesariamente tiene que estar -controlado o financiado- por la misma persona, empresa o grupo.


Ahora bien, el hecho que las redes empresariales como fenómeno económico no estén reguladas de manera expresa por alguna ley, no quiere decir que el Derecho del Trabajo, su contrato, o los derechos inalienables del trabajador se ven perjudicados por esto de alguna manera. Por un lado, el artículo 12 del Codigo de Trabajo establece que: No son intermediarios, sino empleadores, los que contratan obras o partes de obras en beneficio de otro para ejecutarlas por cuenta propia y sin sujeción a éste. Sin embargo, son intermediarios y solidariamente responsables con el contratista o empleador principal, las personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.


El artículo 13 del Código de Trabajo es bastante claro al mencionar que: “Siempre que una o más empresas, aunque cada una de ellas tuviese personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico, a los fines de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, serán solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas.


En otras palabras, poco importa si la organización de la red es de criterio de clasificación horizontal, vertical, paritaria, hegemónica, con conciencia especial o localización diferenciada, siempre el trabajador tendrá a quien reclamar, siendo responsable solidario, incluso hasta una empresa beneficiaria del servicio de la red, siempre y cuando la red no tenga solvencia económica, para sufragar sus obligaciones patronales.


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