Reflexiones acerca del Derecho Laboral y los Avances Tecnológicos en República Dominicana




La República Dominicana históricamente ha sido muy tímida a las nuevas tecnologías y a su implementación en todo el espectro de la vida nacional.


Fíjense en lo siguiente, una de las propuestas de campaña de nuestro actual presidente, el Licdo. Danilo Medina Sánchez, en el año 2012, era digitalizar los procesos administrativos del gobierno central, de tal modo que fuera más fácil para el ciudadano acceder a ellos sin mayores dificultades.


Tal propuesta en pleno siglo XXI, resultaría quizás anacrónica para otros países, sin embargo, para la Republica Dominicana, era algo novedoso, el hecho de poder hacer una solicitud de manera virtual a cualquier institución del estado era un gran atractivo, debido a lo tedioso y burocrático que eran los procesos de cualquier índole por ante cualquier institución pública.


Y sí, al llegar al gobierno implementó en gran medida lo que fue su propuesta de campaña, pero a pesar de que gran parte de las instituciones del estado aplicaron la digitalización de los procesos, la realidad es, que todavía es insuficiente, toda vez que los avances tecnológicos propios de la época ameritan unos niveles de digitalización del 100% de las solicitudes a la administración pública. Es insólito que en el año 2020 tenga un ciudadano que dirigirse a una institución pública, tomar un formulario, completarlo a mano, hacer una fila para depositarlo, y así hacer valer su solicitud.


Ponemos el siguiente ejemplo en aras de resaltar nuestra extraña dificultad para modernizarnos: i) Desde el año 1951 existe la institución de la suspensión del contrato de trabajo, la cual desde la fecha hasta hace un mes tenía el mismo procedimiento para su solicitud. Este procedimiento consistía en que, en algunos casos específicos, como el de fuerza mayor, el empleador tendría que llenar un formulario (DGT-9), y justificar juntamente con el depósito del formulario, las causas que acreditan la solicitud de suspensión. Resulta que, casi 70 años después, el Ministerio de Trabajo debido al flujo evidente de solicitudes, decidió poner a disposición de los solicitantes, el formulario de manera virtual.


En otras palabras, no importaba que estábamos utilizando el mismo procedimiento para la solicitud de suspensión desde hace 70 años, tampoco lo burocrático del proceso, menos el daño ecológico innecesario al tener que imprimir tantos formularios, la dificultad para el Departamento de Trabajo quien es que maneja este tipo de solicitudes. Lastimosamente tuvimos que vivir una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial con el Covid-19 para que el Ministerio de Trabajo, de manera casi conjunta con la declaración del Estado de Emergencia, haya puesto a disposición de los usuarios el formulario de solicitud de suspensión (DGT-9).


A modo de preámbulo presentamos un ejemplo vivo de que nuestra fobia a las nuevas tecnologías no tiene un trasfondo económico o de logística. Como ya dijimos, la digitalización de un proceso que tenía 70 años de la misma manera pudo digitalizarse sin aspavientos, en tan solo una semana. Digamos que en República Dominicana la realidad es más tozuda que el derecho. Todavía en estos tiempos donde el teletrabajo es una realidad palpable, ningún legislador, a pesar del rédito electoral que pudiera tener, ha mencionado o propuesto un proyecto que regule el teletrabajo, por lo menos en este contexto de Covid-19. Aunque no en todos los países de la región el trabajo realizado a través de plataforma digitales o nuevas tecnologías, está regulado por el derecho del trabajo, por lo menos si, en la gran mayoría de estos países, existe el debate, y es latente la inquietud. Sin embargo, esa no es nuestra realidad, el debate aquí estriba en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con plataformas digitales ni mucho menos, teletrabajo, nuevas tecnologías, privacidad en el empleo, desconexión digital, entre otras derivaciones.


Podríamos decir que el último o más novedoso paso legislativo en este sentido, que luego se convirtió en jurisprudencia laboral, es el relativo a la Ley 120-02 del 4 de septiembre del 2002 sobre Comercio Electrónico y Firmas Digitales, que consiste en darle eficacia o validez a los documentos digitales, mensajes de datos, e-mails, copias de cheques, etc. Esta Ley ha sido de mucha utilidad en materia del derecho del trabajo debido que en la materia no existe el principio de jerarquía de la prueba, siendo todo lo contrario, debido a que en materia laboral prima la realidad de los hechos por encima de cualquier pieza documental así sea un acto notarial.


En este sentido y tomando en cuenta el principio de razonabilidad el cual se encuentra en el artículo 74 numeral 3 de la Constitución, la Corte de Casación ha juzgado: “Que no se negará eficacia, validez o fuerza a todo documento digital o mensaje de datos que sean presentados al juez para su ponderación o prueba, aunque no tengan los originales”. (Ver Casación de fecha 23 de agosto del 2006, BJ. 1149, Pág. 1634-1635).


Siguiendo esa misma línea, recientemente, la Tercera Sala de la Corte de Casación juzgo el año pasado que: “Mediante la Ley 120-02 (…) le reconoce valor probatorio a los documentos digitales y mensajes de datos, los cuales son admitidos como medios de prueba, con la misma fuerza probatoria que los actos bajo firma privada”. (Ver Casación de fecha 30 de octubre del 2019, 557-2019). Nos gustaría abordar otros avances legislativos y jurisprudenciales en ocasión de los avances tecnológicos que están presentes en la República Dominicana relacionados a las relaciones laborales, pero la realidad es que, los avances han sido mínimos, y radican en términos generales, en la ley y las jurisprudencias que acabamos de mencionar, que no son las únicas, pero si emblemáticas.


Esto nos tiene que llamar a un mea culpa a todos. No es posible, que la realidad ande por un lado y el derecho por otro. Esta disparidad se traduce en inseguridad jurídica, sobre todo en materia laboral, donde un actor vulnerable como el trabajador, y un actor sujeto a ser cuestionado en caso de proceder de una determinada forma, ambos lo único que tienen para asirse en caso de querer reclamar sus derechos, es el derecho del trabajo, pero este reclamo se dificulta, y es mas subjetivo de lo normal, si esta realidad, como lo son las nuevas tecnologías en el trabajo, no está regulada por la Ley -de manera expresa-.


Cana Law Legal Strategy es una firma de abogados altamente especializada en Derecho Laboral & Seguridad Social en República Dominicana, dedicada exclusivamente a brindar servicios legales de primer nivel en todo los relacionado con el área Jurídico Laboral. Acompañamos a nuestros clientes en la consultoría preventiva, la implementación de estrategias, la defensa y resolución de conflictos, nos avala una sólida y probada experiencia. Consúltanos gratis y obtén orientación con respecto a tu caso. Tenemos oficinas en Santo Domingo y Punta Cana. Contáctanos!